Quienes piensen que hay que subordinar la toma de medidas sanitarias y de salud pública para parar la infección a evitar costes económicos elevados se equivocan. Desgraciadamente, muchas personas han pensado de esta manera hasta hace poco. Entre ellas, responsables políticos de primer nivel en todas las jurisdicciones: estatal, autonómica y local. Desgraciadamente. Y lo vamos a pagar muy caro.

Para parar la extensión del virus había que hacer “whatever it takes” y todavía hay que seguir haciéndolo. Pero la frase de marras, que muchos economistas colegas míos han repetido hasta ahora incesantemente, no se refiere a contener la hemorragia económica, sino a todo lo contrario: aceptar cualquier coste económico que implique la contención de la infección desde las políticas epidemiológica y de salud pública. Whatever it takes. ¿Lo entendemos?

Como sé que hay muchos colegas míos que sin apretar el botón rojo monetario y fiscal no son felices, me apresuro a decir que, al mismo tiempo que se instrumentan todas (y más de) las medidas necesarias en el plano epidemiológico y de salud pública, hay que hacer algo grande en materia de política económica. Pero no lo que estos piensan. 

No hay más que ver cómo los mercados recibieron el lunes 16 de marzo la “bomba” monetaria de los principales Bancos Centrales del mundo lanzada el día anterior. Con una enorme desconfianza reflejada en la fuerte caída de las bolsas y en la subida de las primas de riesgo. Por partes, y, para empezar, debe destacarse la imperdonable torpeza (quizá incompetencia) de la presidenta del BCE, la Señora Lagarde, diciendo que el BCE no está para estrechar los spreads soberanos. Entonces, ¿para qué esta? O, en el otro extremo, debe alabarse la rápida reacción del Gobierno Alemán poniendo a disposición de los agentes más vulnerables en la cadena de pagos una capacidad de crédito (circulante, no capex) equivalente al 15% de su PIB. 

España no tiene esa capacidad de aumentar su deuda. Hay colegas que opinan que ahora eso no es lo importante. Ahora no, pero más tarde la tendrá y mucha y quienes tengan que financiarnos o refinanciarnos más adelante puede que se hayan olvidado de esto antes que nosotros. No obstante, el gobierno planteó ayer un paquete de medidas cuyo valor es de 200 millardos de euros, el 16% del PIB. No el 20, como erróneamente calcularon los economistas de Moncloa y pusieron en boca de su presidente. De estos, la mitad son avales. Es decir, el compromiso oficial de que, si los deudores de la banca, que es quien va a adelantar este dinero, no responden lo hará el gobierno. Deuda futura contingente, en la medida de que el emisor soberano tenga entonces credibilidad, claro.

Lo que sí tiene España (o puede que no) es la capacidad de levantar un Gran Seguro Social contra el COVID-19 que recabe una “prima” proporcional (y uniforme) a sus ingresos de asalariados, autónomos, funcionarios, pensionistas, empresas e instituciones, en la medida en que tengan ingresos del tipo que sea y a medida que se generen, en tiempo real. Estos ingresos deberán aplicarse instantáneamente, en tiempo real también, a amortiguar las pérdidas de los agentes económicos antes citados a medida que estas se produzcan.

No todos los agentes económicos van a sufrir por igual, puede que algunos se beneficien del confinamiento por la naturaleza de sus sectores. El daño no se va a prolongar mucho, aunque sea muy intenso en unas cuantas semanas. Y si el daño se mitiga a tiempo se evitará que profundice y se enquiste el terrible shock económico que ya está suponiendo el confinamiento.

Hay dos aspectos que todavía no he mencionado: la implementación práctica del Gran Seguro Social y el problema de los polizones (moral hazard). Vamos con ellos. Pero antes déjenme decir algo sobre el verdadero objeto de este esquema que propongo. Ya lo han mencionado muchos analistas y, en eso, estoy de acuerdo con ellos. 

Por encima de todo, los pagos deben servir para que ningún agente económico seriamente perjudicado por el confinamiento se quede sin contrapartida a la hora de devolver un préstamo, pagar a un trabajador o pagar a un proveedor. Si acreedores, trabajadores o proveedores (de bienes y servicios) no reciben lo que deben porque sus deudores, empleadores o clientes no pueden pagarlo volveremos a un escenario recesivo infernal y esos problemas de liquidez se convertirán en problemas de solvencia que enquistarán una duradera crisis. 

Esto me lleva a la primera de las cuestiones que suscitaba antes. La implementación de este Gran Seguro Social debe ser instantánea, en tiempo real, a medida que se genera la renta y se necesitan los fondos. De manera arbitraria estoy hablando del 10% de los ingresos que se generen por cada uno de los agentes mencionados. No en cascada, como el IVA, sino por “facturación”. Como saben los economistas que realizan ejercicios Input/Output, estos flujos equivalen a aproximadamente dos veces el PIB. El 10% recabaría enormes recursos.

Téngase en cuenta que el PIB diario de la economía española (si tal cosa pudiese medirse) es de unos 3.400 millones de euros. El 10% es arbitrario. No he trabajado los detalles. Pero es una cifra sicológica que me sugiere una plena capacidad de pago, en estos momentos, ojo, para la gran mayoría de los agentes económicos. Si el 10% se revela excesivo al final del proceso, el exceso se devuelve a prorrata a todos los que aportaron, incluso con un “tipo de interés social” por el servicio prestado. 

Un aspecto clave de la implementación de este esquema tan ambicioso es el de su inmediatez. Y no hay otra solución que la de la tecnología digital. Esta crisis ha demostrado que el grado de preparación para la era de la digitalización en los hogares, las empresas y las administraciones españolas es ridículamente bajo. Otro de los mitos que una situación inesperada desmonta. Sí, claro, podemos hacer búsquedas en internet, ver series en streaming y hacer back ups en la nube. O tele-trabajar en casa… para disgusto de nuestros empleadores. Pero no tenemos apenas implementados los sistemas de tratamiento robotizado de procesos, o la blockchainy la “tokenización” de operaciones. O la instrumentación de operaciones múltiples de pago, o compensación de deudas, de contrapartidas y de certificación segura en “acto único” instantáneo.

La tecnología es clave y esta no la tienen ni la Seguridad Social, ni la Agencia Tributaria, ni la inmensa mayoría de las empresas, menos aún los hogares o los autónomos, ni existen protocolos escalados como los que acabo de aludir. Pero todo esto es muy rápido de instrumentar entre los principales agentes de la cadena de pagos. Lo importante es que todo el mundo en esta cadena tenga siempre contrapartida y que esta se produzca con poco retraso respecto a cuando se la necesita.

Por fin, el “problema del polizón”. ¿Cuántos, me dirán Vds., no se colarán en estas cadenas para aspirar ilegal o ilegítimamente a una liquidez que ni necesitan ni merecen? Pues déjenme decirles que, con las soluciones tecnológicas antes señaladas, ninguno, nin-gu-no. ¿Estamos? Afortunadamente, todo trabajador que entra en paro se registra, todo autónomo que no cobra de su cliente tiene una aceptación de este, todo acreedor tiene una certificación que le avala frente a un deudor. Obviamente, no hablo de la economía informal, ¡que les den! Pero, este del polizón, con la tecnología aludida, es el más insignificante de los problemas. 

Inexplicablemente, la comunidad de la tecnología digital ha estado postergada por el establishmentepidemiológico y económico, con honrosas excepciones, y, también con honrosas excepciones, silente. Esto, como adelantaba antes, es una demostración clamorosa del casi nulo grado de preparación de nuestro país para la revolución digital.

Lo que propongo es, en definitiva, un gigantesco seguro de incendios, instantáneo, exacto, transitorio, que recaude las primas en tiempo real a medida que se causan las rentas y que pague los siniestros también en tiempo real a medida que se incendian los pisos. No se van a incendiar todos ni mucho menos. 

En un seguro de incendios ordinario, cada año, todos los asegurados pagan una prima. Si no se les incendia la casa tampoco rescatan la prima que han pagado, porque con ella se pagan los siniestros de aquellos asegurados a los que sí se les quema la casa. 

La gente se cree que los incendios los pagan las compañías de seguros, pero en realidad los pagan los asegurados a quienes no se les quema la casa y, salvo que la prima esté mal calculada, no se les devuelve nada a los tomadores no damnificados. Lo único que no pagan las compañías es a quienes queman deliberadamente su casa para recibir la indemnización. Y aún así hay que ir a juicio.